creado por Multimedios LZO; La Agencia de Prensa
En la República Dominicana, los reductores de velocidad, conocidos como «policías acostados», deberían ser herramientas para proteger vidas, reducir accidentes y garantizar un tránsito seguro. Sin embargo, en Santo Domingo Este, estas estructuras se han convertido en un símbolo de caos, peligro y, sobre todo, de la irresponsabilidad flagrante del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
La reciente ola de instalaciones masivas de reductores en avenidas principales, impulsada por el alcalde Dio Astacio, pone en evidencia un fallo sistémico del INTRANT, el supuesto «órgano rector» del tránsito y la seguridad vial, que parece más interesado en mantener apariencias que en cumplir con su mandato.
Y no es solo negligencia: la sospechosa relación entre el director del INTRANT, Milton Morrison, y Astacio, alimentada por su complacencias y apoyos en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sugiere una posible cofradía que podría explicar por qué la institución «mira hacia otro lado»
Una Ley Ignorada: El Desastre de la Regulación
La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece claramente que los reductores de velocidad solo pueden instalarse tras un estudio técnico que justifique su necesidad, con la autorización explícita del INTRANT y en coordinación con los ayuntamientos. Estos estudios deben evaluar factores como la incidencia de accidentes, la densidad peatonal y el tipo de vía. En avenidas urbanas, donde el límite de velocidad es de 60 km/h, los reductores son una excepción, no la norma, ya que pueden interrumpir el flujo vehicular y causar daños a vehículos si no cumplen con estándares técnicos (altura máxima de 10 cm, ancho mínimo de 3.7 metros, señalización adecuada).
Sin embargo, en Santo Domingo Este, los conductores enfrentan un panorama alarmante: reductores colocados indiscriminadamente en avenidas principales, sin señalización adecuada ni evidencia de estudios técnicos. Estos obstáculos, lejos de mejorar la seguridad, han generado quejas masivas por daños a vehículos (suspensiones destrozadas, llantas reventadas, bajos raspados) y hasta accidentes por frenazos inesperados.
¿Dónde está el INTRANT en todo esto?
Su silencio y falta de fiscalización son ensordecedores. La institución, creada para «gestionar la rectoría nacional de la movilidad», parece incapaz de hacer cumplir la Ley 63-17, permitiendo que decisiones arbitrarias de autoridades locales, como el alcalde de Santo Domingo Este, conviertan las avenidas en campos minados.
El INTRANT: ¿Rector o Espectador?
El INTRANT, según su propia misión, debe ser un «referente internacional en la gestión de un modelo de movilidad terrestre sostenible, eficiente, accesible y seguro». Pero, ¿qué tan sostenible o seguro es permitir que reductores mal diseñados proliferen en avenidas sin control?
La institución tiene la potestad de aprobar o denegar la instalación de estos dispositivos tras un proceso riguroso que incluye un levantamiento técnico por parte de su Dirección de Movilidad Sostenible y la emisión de un informe. Sin embargo, no hay evidencia pública de que estos procesos se estén llevando a cabo en Santo Domingo Este.
Es menester aclarar que Milton Morrison, director del INTRANT, fue uno de los funcionarios que se extralimitó al tomar partido en las elecciones internas del PRM, lo que levanta sospechas sobre una posible cofradía con Dio Astacio, alcalde de Santo Domingo Este y miembro del mismo partido.
Esta relación podría explicar por qué el INTRANT parece «mirar hacia otro lado» ante las instalaciones arbitrarias de reductores, permitiendo que decisiones políticas prevalezcan sobre la seguridad vial.
Un Costo Humano y Económico
El impacto de esta irresponsabilidad no es solo una molestia: es una crisis. En 2025, la República Dominicana reportó más de 15,000 accidentes viales, con un 65% involucrando motocicletas. Si bien el INTRANT ha anunciado planes como el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, estas iniciativas parecen desconectadas de la realidad en las calles. Los reductores mal ubicados no solo dañan vehículos, generando pérdidas económicas para los ciudadanos, sino que también contribuyen al caos vial en avenidas clave, aumentando el riesgo de colisiones. Conductores que intentan esquivar estos obstáculos a menudo terminan invadiendo carriles contrarios o frenando abruptamente, creando situaciones peligrosas.
Además, la falta de señalización adecuada es una bomba de tiempo. La Ley 63-17 exige que los reductores estén acompañados de señales claras (luminosas o reflectivas) para alertar a los conductores, especialmente en la noche. Sin embargo, en Santo Domingo Este, muchos de estos «policías acostados» son prácticamente invisibles hasta que es demasiado tarde.
¿Cómo es posible que el INTRANT, con su ejército de técnicos y su supuesto compromiso con la «transparencia» y la «calidad», permita esta negligencia?
El Silencio Cómplice del INTRANT
Milton Morrison ha hablado de endurecer sanciones y reducir límites de velocidad en avenidas, pero estas medidas parecen insuficientes cuando la institución no logra controlar algo tan básico como la instalación de reductores. La Ley 63-17 otorga al INTRANT la autoridad para coordinar con los ayuntamientos y fiscalizar cualquier intervención en las vías públicas. Entonces, ¿por qué no ha intervenido en Santo Domingo Este? ¿Es incapacidad, desinterés o, peor aún, una complicidad alimentada por lealtades políticas?
El INTRANT ha demostrado ser ágil para iniciativas mediáticas, como el relanzamiento del programa «Parquéate Bien» o la Encuesta de Movilidad 2025, pero cuando se trata de frenar abusos como los reductores mal instalados, su respuesta es nula. Esta inacción no solo traiciona su mandato legal, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en una institución que debería ser garante de su seguridad.
Un Llamado a la Acción
Es hora de que el INTRANT despierte de su letargo y asuma su responsabilidad. Los ciudadanos de Santo Domingo Este merecen avenidas seguras, no trampas que dañen sus vehículos y pongan en riesgo sus vidas. El INTRANT debe:
1. Investigar de inmediato la legalidad de los reductores instalados en Santo Domingo Este, exigiendo los estudios técnicos que los justifiquen.
2. Sancionar a las autoridades locales que violen la Ley 63-17 con instalaciones arbitrarias.
3. Retirar los reductores que no cumplan con los estándares técnicos o que estén en vías inadecuadas, como avenidas de alta circulación.
4. Publicar un informe público sobre las acciones tomadas, en línea con su compromiso de «transparencia».
Los dominicanos no pueden seguir pagando el precio de la ineficiencia del INTRANT. Si esta institución no actúa, los «policías acostados» de Santo Domingo Este no serán solo un símbolo de irresponsabilidad, sino una sentencia de peligro para todos los que transitan sus calles. ¡Es hora de que el INTRANT deje de ser un espectador y se convierta en el rector que la ley le exige ser!
